19 Feb

El Tribunal Supremo falla que el Algarrobico está en terreno no urbanizable

El Tribunal Supremo ha dejado al hotel de la playa de El Algarrobico de Carboneras (Almería), símbolo de la destrucción del litoral, al borde de su desaparición. Los magistrados han desenmarañado el ovillo de recursos y fallos contradictorios que envuelven el edificio, cuya construcción se paralizó hace 10 años. El Supremo establece que se levantó en una zona donde no se podía construir y que el terreno es propiedad de la Junta de Andalucía. Esta Administración estudia ya la forma de demoler la edificación. «No tiene vuelta atrás», dice la Junta.

Hace 10 años, el 21 de febrero de 2006, un juez de Almería dictó un auto que paró las obras de este enorme hotel, que había comenzado a levantarse en 2003 con el visto bueno del Ayuntamiento de Carboneras y la Junta. Desde aquella paralización, que permanece vigente, una maraña de recursos y sentencias han enredado el caso. Pero, tras los pronunciamientos de este jueves del Supremo, la situación legal de esta mole está más clara: el hotel invade los 100 metros de la franja de dominio público marítimo-terrestre, se levantó en una zona del parque natural de Cabo de Gata-Níjar donde no se puede construir y los suelos en los que está son propiedad de la Junta, que ejerció el derecho de retracto también en 2006, tras la polémica que se generó.

70 Millones de reclamación

El retracto (parecido a un expropiación) que el Supremo considera legal ahora supone que la promotora del hotel, Azata, recibirá 2,3 millones —que desde 2006 están depositados en una entidad financiera— por los suelos en los que se levantó el edificio. Pero la empresa reclama más. El Supremo no ha entrado en la «responsabilidad patrimonial» de las Administraciones implicadas, ya que en la Audiencia Nacional hay un pleito. La promotora del hotel reclama ahí 70 millones al Ayuntamiento de Carboneras, a la Junta y al Gobierno central, que antes de que se generara la polémica por la construcción concedieron los permisos para que el edificio se levantara.

El Supremo no ha entrado a dirimir si el edificio debe demolerse, porque no era el objeto de los recursos que analizaba y porque es un paso que nadie había solicitado hasta ahora por los casos cruzados que había en los tribunales. Pero la opinión mayoritaria de los ecologistas —como Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción o SEO/BirdLife— era este jueves que El Algarrobico «tiene los días contados».

La opinión mayoritaria de los ecologistas es que El Algarrobico «tiene los días contados»

En la misma línea, el consejero de Medio Ambiente de Andalucía, José Fiscal, ha sostenido que «las sentencias permiten la restitución de la zona a su estado original: el derribo”. “Es una derrota de un tipo de desarrollo que no se debe volver a dar». «No tiene vuelta atrás», dice sobre el derribo.

Protocolo de demolición

El Gobierno y la Junta firmaron en 2011 un protocolo para la demolición del edificio en el momento en el que se resolvieran los distintos recursos judiciales. Ese momento, opina Fiscal, ha llegado. El consejero ha afirmado que su departamento se pondrá «de inmediato» en contacto con el ministerio para aplicar el acuerdo de 2011, en el que se establecía que el Gobierno correría con los costes de derribo y la Junta con el desescombro y de la restauración de la zona. En principio, la idea de la Administración andaluza es proceder a la demolición a través de la apertura de un expediente administrativo. Pero cabría la posibilidad de que la orden de derribo fuera recurrida en los tribunales, con lo que se alargaría más el proceso.

Cuando la Junta y el Gobierno firmaron aquel protocolo en 2011, El Algarrobico parecía que caminaba irremediablemente hacia su desaparición. Pero un cambio en el reparto de los temas relacionados con el hotel en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio un vuelco al caso. Los jueces de la sección tercera de la sala de lo contencioso de Granada —que nunca antes se habían pronunciado sobre El Algarrobico—, fallaron en 2014 que los suelos en los que se edificó eran terrenos urbanizables. Lo insólito del caso es que dos años antes la sección primera de la misma sala —que había seguido este caso desde el principio— resolvió justo lo contrario: que en esos suelos no se podía construir.

Finalmente, el Supremo ha resuelto esta contradicción este jueves: el edificio está en un «área ambientalmente protegida» en la que no se puede construir. El alto tribunal reprocha a la sección tercera del TSJA haberse «apartado conscientemente de lo resuelto de forma definitiva y firme por una sentencia anterior de la misma sala».

Fuente: El País

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