09 Abr

30 millones de euros para residuos y materias primas en el Plan de Acción 2018-2020

El presupuesto del Plan de Acción 2018-2020 fue aprobado el pasado febrero por el MAPAMA con el fin de impulsar la economía circular en España.

El borrador de la estrategia dota de 836 millones de euros el primer Plan de Acción (2018-2020) de la misma, entre cuyas 70 medidas se incluye el fomento del “ecodiseño” de bienes y servicios, que se sirva de la reutilización de materiales y reduzca al máximo el uso de sustancias contaminantes en los procesos de fabricación.

Entre las 70 medidas destacan también el impulso al mercado de materias primas secundarias, el fomento de la reutilización del agua o el desarrollo de un Programa de Destinos Turísticos Inteligentes que garantice el crecimiento sostenible de los destinos turísticos.

Dentro del trámite de información pública que está llevando a cabo este ministerio sobre el borrador de la Estrategia española de Economía Circular, Unesa, la patronal de las grandes eléctricas, critica que casi un 60% de los fondos (478 millones sobre un total de 837 millones de euros), se asignan a la reutilización del agua. En sus alegaciones, la asociación pide que se equilibre el reparto “hacia otros ejes de actuación de interés para ayudar a todas las empresas en la economía circular”. Unesa se lamenta de que solo irá a la gestión de residuos un 3,4% (unos 29 millones de euros) y para materias primas un 0,1% (menos de un millón de euros).

 

Los últimos datos recabados por Eurostat muestran que en España se generaron 110,5 millones de toneladas de residuos en 2015, de los que solo se recicló el 30 %, seis puntos por debajo de la media europea, lo que supone un desaprovechamiento de recursos en un contexto de cada vez más escasez de materias primas.


Según el documento elaborado por el ministerio, existen claras sinergias entre una economía circular y a la vez, baja en carbono. Sin embargo -alega Unesa-, no se enuncian, entre las acciones de la estrategia española, las relacionadas con el compromiso hacia una economía baja en carbono del Acuerdo de París. Algo que las eléctricas consideran necesario, “dado que la economía circular propone un nuevo modelo que utiliza y optimiza los flujos de materiales, energía y residuos”, así como medidas de ahorro y eficiencia “para evitar pérdidas de energía en consumos innecesarios”.

Además de pedir que el Plan de Acción se amplíe hasta 2030, “para acompasarlo temporalmente con las piezas legislativas europeas de referencia” de lucha contra el cambio climático, Unesa pide “que, debido al gran volumen de cenizas, escorias y yesos de desulfuración generados en las centrales de carbón, se impulsen medidas que faciliten la valorización de los mismos y acciones para potenciar su uso como certificados medioambientales, muy arraigado en otros países de la UE”.

Según Unesa, el tratamiento de residuos de construcción y demolición se enfoca únicamente al sector de la construcción sin tener en cuenta los generados por el desarrollo de infraestructuras de suministros tales como agua, comunicaciones, gas y electricidad que también se ven afectadas por esta regulación, condicionada por la ecotasa. En este sentido, considera interesante la aprobación de una legislación de ámbito nacional armonizada de las condiciones para la reutilización de las tierras en zanjas.

Competencias autonómicas

El Plan de Acción 2018-2020 del Gobierno no establece objetivos cuantificados a 2030. Se entiende, según Unesa, que estos serán asumidos más adelante cuando la CE desarrolle la normativa y los objetivos correspondientes. La patronal es muy crítica con que las competencias de la economía circular estén transferidas a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y pide objetivos que sean incorporados por estos y haya una armonización. Por otro lado, Unesa considera que el turismo sostenible es una oportunidad de negocio para proyectos de ecoeficiencia de comercialización minorista. Y pide incentivos para el cambio de vehículos.

Fuente: modificado de CienciasAmbientales

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